“La autonomía territorial es la principal realización de la libre determinación”

Por Nicolás Fajuri Clarke

Así lo plantea Salvador Millaleo, abogado Mapuche, doctor en sociología en la Universidad de Bielefeld (Alemania) y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, quien es pieza ancla en la elaboración del área sobre pueblos originarios y plurinacionalidad del programa presidencial de Gabriel Boric.

En entrevista con Fundación Saberes Colectivos, el académico, investigador y experto en esta materia, profundizó sobre la necesidad histórica y las condiciones que existen en Chile para generar el reconocimiento de los pueblos originarios y su autodeterminación en la nueva Constitución Política y la relevancia que significa que estos tengan asegurado el acceso al poder político bajo la figura de un Estado plurinacional.

Millaleo dirigió el programa de derechos indígenas de la Fundación Chile 21 y es hoy y hasta 2025 consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por tanto, una voz relevante en Chile sobre primeras naciones y su desarrollo histórico, en el marco de la redacción de la nueva carta fundamental que hoy se está elaborando en la Convención Constitucional, de la cual, además, integra el comité de asignaciones, cuya función es asegurar la transparencia y eficacia de la Convención.

¿Qué se entiende por plurinacionalidad?

R. Es la característica de una comunidad política organizada en un Estado donde conviven diversas naciones buscando condiciones de igualdad entre ellas, mediante la garantía de derechos colectivos para las naciones que han sido históricamente denegadas u oprimidas.

¿Cómo debiera estar sujeto el reconocimiento constitucional de las primeras naciones?

R. Debe ser un reconocimiento que tome como modelo la Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas de Naciones Unidas, empezando por garantizar la libre determinación, las autonomías, el pluralismo jurídico, el territorio, la protección de las lenguas e identidades, pero que no se agote en los derechos. Se deben establecer poderes, mecanismos que hagan presente a los pueblos indígenas dentro de los poderes de la vida estatal: representación en el congreso, GORES y municipios; regímenes autonómicos territoriales y funcionales; formas de participación indígena vinculante.

¿Se debería establecer la autonomía territorial? Si la respuesta es “si”, ¿a través de qué mecanismo?

R. Claro que sí, es la principal realización de la libre determinación. Las autonomías no son incompatibles con el Estado unitario y pueden darse dentro de él (Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua) como dentro de estados federales (EE.UU., Canadá y México).

Lo fundamental es que se le reconozcan a autoridades indígenas potestades públicas exclusivas para regular ciertos aspectos fundamentales para la supervivencia de las formas de vida indígenas dentro de un ámbito territorial determinado.

No existe un modelo estándar de autonomía y el Estado debe negociarlo en concreto con cada una de las naciones originarias. Debe habilitarse un mecanismo jurídico para realizar dicha negociación.

¿Cómo debe ser la relación legal entre el Estado de Chile y las primeras naciones?

R. Las naciones originarias deben sentirse parte de un Estado democrático que las reconozca y ampare, mediante un pacto social plurinacional. El Estado debe proteger su cultura, así como el patrimonio natural al que están vinculadas y establecer formas de compartición de poder con ellas (representación, autonomía, participación). La vida cotidiana en Chile debe volverse intercultural, con las lenguas indígenas siendo usadas normalmente.

Por otra parte, una mejora institucional debe asegurar que los conflictos– como los relativos a la recuperación de tierras o de protección de ecosistemas– se traten y resuelvan paulatinamente dentro de la institucionalidad.

Si se establece la autonomía territorial, en el caso del pueblo-nación Mapuche, ¿cómo debiera ser la reocupación del Wallmapu? La Coordinadora Arauco-Malleco plantea un plan de retorno del pueblo Mapuche para habitar las, hasta hoy, 2,3 millones de hectáreas ocupadas por las empresas forestales, ¿ves eso posible? Y si es así, ¿de qué manera se debiera llevar a cabo?

R. No me parece forzar a través de planes estatales la redistribución espacial de los pueblos. La recuperación de tierras es un deber del Estado, pero no significa que deba forzarse a volver a los mapuche que viven en Santiago a la Araucanía, por ejemplo. Es un deber del Estado generar condiciones para un desarrollo equilibrado de las regiones del sur, pero una reconcentración étnica es una idea poco viable y muy riesgosa por los supuestos de esencialismo y pureza étnica que están en su base.

La industria forestal debiera irse retirando, no solo en virtud de la devolución de las tierras Mapuche, sino porque es una industria insustentable ecológicamente y todo el país debiese ir saliendo en su conjunto del flagelo del extractivismo.

La instalación de las autonomías y la reconstrucción de los territorios ancestrales en el Wallmapu tampoco significa, en mi opinión, la expulsión de los no indígenas de esas zonas y la pérdida automática de sus intereses, sino el camino hacia un equilibrio de intereses.

¿Cómo se debiera conciliar un conflicto entre el interés nacional con el interés local de un territorio habitado por una de las primeras naciones (por ejemplo, construir una carretera vehicular que atraviese el territorio)?

R. Todas las decisiones deben ponderarse entre el “interés del país” y el “interés territorial”. Los intereses del territorio y de las futuras generaciones deben entrar en la consideración de las decisiones a tomar. Y sobre todo no deben imponerse desde el centro del país, los territorios deben poder tomar parte en ellas de manera real. Segundo, hay elementos que protegen los derechos humanos de las naciones originarias que deberían ser intangibles para las decisiones en pos del “interés del país”.

¿Cómo esperas que sea la relación de coexistencia entre chilenos y habitantes de las primeras naciones, en un mismo espacio físico, tanto a nivel urbano como rural?

R. Algo que debe ser común en todos los espacios es una normalidad de lo intercultural, acostumbrarnos a la diferencia cultural, a escuchar y aprender a usar varias lenguas. También debe ser común acostumbrase a que las naciones originarias sean protagonistas y no meros espectadores del poder, en atención de la instauración de la plurinacionlidad.

En el ámbito urbano, esto implica que la ciudad debe ser también un espacio de vida y memorias indígenas, con hitos de los pueblos originarios y una presencia visible y constante. Debe ser un lugar de intercambio y diálogo de culturas y saberes, con tolerancia y no discriminación.

En el ámbito rural, la interculturalidad y plurinacionalidad deben presentarse en un rebalance en la ordenación de los territorios, generando condiciones de colaboración entre indígenas y no indígenas para el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad. Debieran, en este sentido, volver a aparecer con claridad los territorios ancestrales, los lugares históricos y los topónimos indígenas como algo normal dentro de una nueva geografía política del país.

En relación al proceso constituyente: ¿Crees que los pueblos originarios serán beneficiados con lo que se establezca en la nueva Constitución?

R. Creo que serán de los principales beneficiarios, debido a que una nueva constitución llevará al país desde el siglo XIX al siglo XXI en las relaciones entre el Estado y las naciones originarias. Creo que esto es predecible por la presencia de los escaños reservados en la Convención Constitucional y la disposición favorable de los demás convencionales a las demandas indígenas. Con ello, una nueva constitución traerá un nuevo marco de derechos y una nueva institucionalidad para instaurar la plurinacionalidad y generar una interculturalidad simétrica. Hasta ahora somos uno de los países más atrasados de la América en este plano y es la gran oportunidad para ponernos al día.

¿Existen “mínimos” que los pueblos originarios buscarán establecer en la nueva Constitución?

R. Creo que la libre determinación es el mínimo esencial y, a partir de ahí, establecer la plurinacionalidad y la interculturalidad como principios, diversas formas de representación política (escaños en congreso, por ejemplo) y los derechos territoriales, lingüísticos y culturales.

¿Con cuáles sectores políticos debieran buscar apoyo los 17 constituyentes de pueblos originarios durante el trabajo en la asamblea?

R. Creo que las listas independientes han declarado su amplia disposición hacia la plurinacionalidad y el resto de las demandas indígenas. Así también los convencionales del Apruebo Dignidad. Me parece que en la lista del Apruebo también existirán apoyos. Pero nada es seguro, todo debe ser asegurado. Dentro de eso habrá que hacer mucha pedagogía respecto de las demandas indígenas.

¿Cómo debiera estar conformado el siguiente Congreso Nacional para desarrollar las leyes que van a aterrizar los conceptos macro que se establezcan en la nueva Constitución y que estén relacionados con los pueblos originarios, su reconocimiento y garantía constitucional?

R. Debieran existir escaños reservados en la Cámara y el Senado (mientras exista) que representen al 12,8 %, que es el tamaño demográfico de las naciones indígenas en el país, según Censo de 2017. Por otra parte, el Congreso está en deuda de implementar un mecanismo de consulta indígena para cumplir con Convenio N°169.

Estamos en tiempo de cambio político en Chile y uno de los principales es el retorno de las naciones indígenas u originarias como actores protagonistas del proceso político. Es el agotamiento del ciclo de la colonialidad y el despojo y el comienzo, aunque paulatino, de un ciclo de inclusión. Creo que algunos sectores políticos chilenos lo comienzan a comprender, pero no todos, así que habrá muchas luchas que dar, pero se trata de una perspectiva mejor que el lastre que significaba la mentalidad neoliberal y mononacional que imperaba en este país. Eso está cambiando, pero el cambio debe ser empujado para que triunfe y se consolide y no suceda como todas las promesas incumplidas y decepciones de las cuales está llena la historia del país.

Con 17 escaños y la presidencia de la Convención Constitucional, los representante de los nueve pueblos originarios son un actor protagónico en el proceso de creación de la nueva Carta Magna para Chile. El reconocimiento, inclusión, respeto y la reparación histórica de su invisibilización, represión y postergación están próximas a cambiar, con miras al nuevo país que se está construyendo.